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Rosario narco (1): la infiltración y la complicidad

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Reflexiones, datos de la realidad e hipótesis sobre lo que ocurre en Rosario a partir del recrudecimiento de la violencia, a través de esta entrevista con Francisco Broglia, Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario y especialista en Derecho Penal. Desde la desestructuración económica a la descripción y atomización del mercado narco. Las complicidades policiales. La demagogia punitiva y las lógicas de la guerra, frente a otro tipo de esquemas de seguridad. La ineficacia de la violencia y la mano dura. Y la necesidad de una reforma policial y penitenciaria para poder ir al corazón del problema.

Texto: Sergio Ciancaglini

Rosario sigue sufriendo la violencia narco por un lado, y las políticas de “saturación” policial por el otro (llenar las calles de efectivos) que no parecen encontrar soluciones. El gobierno santafesino exhibió mayores controles y restricciones en las cárceles, con presos supuestamente relacionados al negocio narco y considerados de “alto riesgo”, sin ropa, en el piso, ante personal policial armado y encapuchado. Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad provincial, publicó las fotos en Instagram bajo este título: “Cada vez la van a pasar peor”. Se emularon así las imágenes conocidas en El Salvador presidido por Nayib Bukele.

Se acumularon otras escenas, o aparentes respuestas: un colectivo penitenciario baleado, el asesinato de dos taxistas (Héctor Figueroa y luego Diego Celentano, en ambos casos utilizando balas policiales) y un colectivero (Marcos Daloia) a los que se sumó el crimen del trabajador de una estación de servicio, Bruno Bussanich. Todo acompañado por las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, y una nota dirigida al propio gobernador y a Cococcioni en la que se pronosticaba: “carguen con muertes inocentes”.    

Sobre ese panorama habló con lavaca Francisco Broglia, abogado, especialista en Derecho Penal, Magister en Ciencias Sociales, docente universitario y actualmente Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario.

“Hay un endurecimiento de las condiciones de detención en algunos penales y quizás esta respuesta tiene que ver también con eso porque se empieza a dar desde hace algunos meses atrás. Esto que sucedió con la foto a lo Bukele, como se le dice. No se sabe si fue la gota que rebalsó el vaso o bien ya se venía dando una situación de agravamiento de las condiciones carcelarias que derivó en estos atentados en los que, además, están demostrando que tienen armas de la Policía y material balístico provisto por las fuerzas de seguridad. Hay un mensaje bien, claro: ‘estamos infiltrado en el Estado, o el Estado es cómplice nuestro’” explicó Broglia.

La precarización y la identidad

¿Cómo describir este panorama? “Rosario era de las ciudades más seguras de Latinoamérica, con una tasa de homicidios más baja que la media nacional, y hoy la estamos cuadruplicando. Hay una conjunción de cosas. Un fuerte cambio estructural del mercado del trabajo en Argentina y en el mundo en los últimos 30 años, relacionado con la precarización laboral. La situación es muy fuerte en los territorios, con situaciones de exclusión de jóvenes de sectores populares. Los materiales disponibles para construir identidad, para esos jóvenes, son prácticamente nulos. Los tradicionales, la escuela o el trabajo, dejaron de operar para ellos”.

¿Y entonces? “Aparecen otras formas de construir identidad, respeto y reconocimiento. Por ejemplo, la violencia. Y en ese marco aparecen estas economías delictivas vinculadas con la comercialización de sustancias como forma de generar esa identidad, ese prestigio social para los jóvenes. Ser soldadito (como se llama a quienes integran las bandas narco) de algún modo es esto: construir un yo, un ser, y hacerlo de una manera que la lógica actual de precarización no permite”. 

La lógica de matar

Para Broglia la situación en los barrios empieza por algo aparentemente sencillo: “Estamos en un modelo económico salvaje, donde tirar un tiro, matar a alguien, aparece como una lógica acumulativa. Hace un tiempo el que ganaba prestigio era el que se enfrentaba al ‘poronga’ del barrio. Pero luego aparece una lógica más capitalista, donde esto se mide en términos de cuánta gente esa persona es capaz de matar. ¿Cuántos muertos te cargás? Y con ese número te enfrentás y te imponés al ‘poronga’. Por eso hablo de lógica acumulativa”.

Cómo funciona el mercado: “Otra cuestión que cambió es la atomización del mercado de comercialización de sustancias. En las décadas del 80 y 90 era mucho más chico y concentrado. Pero ahora se transformó la lógica, mucho más atomizada y descentralizada. Y también se transformó el sistema de las complicidades”.

Las internas policiales

¿Qué significa esa transformación? “Que no hay una verticalización de cómo se estructuran sobre todo las fuerzas de seguridad en el mercado. Y entonces aparecen varias internas, distintas complicidades y varias bandas policiales operando con diferentes grupos también enfrentados entre sí. Es una atomización de las burocracias penales”.

¿Qué quiere decir eso? “Estoy pensando en algo que se ha manifestado en las causas penales, investigaciones y juicios federales que hemos tenido en Rosario: la complicidad de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía. No digo que toda la fuerza sea cómplice en esto. Pero hay varios grupos en pugna, operando para distintas bandas, lo que permite ver que no hay una estructura centralizada, como tampoco un cartel que domine el mercado”.

El resultado: “Al no haber carteles lo que hay son bandas sueltas, atomizadas, con poder de fuego y mucho uso de la violencia con la mano de obra de los pibes, los soldaditos. Son los más intercambiables, pero a la vez son los que están dispuestos a intervenir disparando por unos mangos, o haciendo cualquier otra cosa”.

Soldaditos y financistas

¿Cuál es la respuesta estatal? Broglia lo explica como una especie de marketing: “La respuesta típica es la saturación policial. Militarizar la ciudad es muy vendible hacia afuera. Es obvio que a todos nos puede llenar de tranquilidad tener un policía más cerca, en un contexto de miedo. Pero no parece como una solución de fondo porque en realidad en estas estructuras delictivas hay manejo del dinero y distintos niveles de jerarquía. Obviamente, la intervención de la fuerza de seguridad en el territorio no va a llegar a las cúpulas que financian el negocio, donde el financista ni siquiera se conoce con el que está tirando tiros en el barrio. Son cosas mucho más anónimas, con muchas intermediaciones”.

Agregado de contexto: “Estamos inmersos en un capitalismo neoliberal financiero que funciona también con estas lógicas, y que se alimenta también del dinero que se produce por esta vía”, referencia que empalma con las industrias de lavado de dinero que contienen a todo este fenómeno.

“El otro punto es la amplificación de la violencia. La violencia fue escalando a partir de la visibilidad de grupos o bandas como Los Monos, por ejemplo. Empezó a aparecer el tema en los diarios, se lanzó la ‘guerra al narcotráfico’ y a algunos grupos en particular con nombre y apellido. Y eso está amplificando la respuesta violenta. Entonces aparece una escalada, al estilo de otros países donde se aplicaron las mismas recetas. México y Colombia por ejemplo. El Estado amplifica la violencia que va escalando en forma desmedida. Pero esos países son un ejemplo: por más escalada, el problema no se soluciona y es más: se agrava”.

El espectáculo

En estos días ha habido distintas intervenciones mediáticas del Presidente Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich (que anunció contradictoriamente en la misma oración que Milei iría a Rosario en 25 días, o en dos semanas, o en una, confirmando la proverbial dificultad o manipulación del oficialismo con los números).

Sostiene Broglia: “Todo es muy nuevo, hay mucha información cruzada. Es cierto que hubo una situación en la unidad de Piñero, pero otros dicen que no.  Hay distintas versiones del gobierno provincial, y varios hábeas corpus presentados por la Defensa Pública debido a relatos bastante tremendos de personas privadas de su libertad. Entonces no sabemos qué es lo cierto y lo que no, por lo que me parece aventurado hoy decir algo en relación a si lo ocurrido fue una respuesta a la situación en la cárcel, o no”.   

Rosario narco (1): la infiltración y la complicidad

La ministra Bullrich sonríe y saluda en Rosario. (Foto distribuida por el Ministerio de Seguridad).

Traducción: Broglia pone en tela de juicio las versiones difundidas mediáticamente. Duda, además, sobre el tema de la autoría de los crímenes y ataques de los últimos días: “Tampoco me animaría a coincidir ni a disentir en términos de quiénes son los que preparan los atentados. De lo que sí estoy seguro es de que cuanto más violencia se genera, la escalada termina siendo peor. Claramente la solución no va a ser la espectacularización de la violencia. Entiendo que el Estado tiene que ser firme y echar mano de las herramientas que le corresponden dentro del marco legal”.

Broglia no quiere cargar las tintas en los actuales gobernantes. “Son gobiernos que están hace poco, lo digo como no votante de ambos. Pero al margen de la simpatía que se les tenga, conviene pensar las cosas con coherencia. Venimos de un proceso de mucho tiempo, desde los 90, que instaló lo que suele denominarse demagogia punitiva. La alternativa al problema de la seguridad aparece como un discurso de guerra al delito, guerra al tráfico de sustancias. Se construye un enemigo que generalmente está en los barrios populares, entre personas pobres. Y se ha ido avanzando hacia un planteo en el cual prácticamente hay que exterminar a ese otro convertido en enemigo, pero sin resolver el problema de fondo, que incluye lo económico y las burocracias penales. Y eso no es privativo de ningún gobierno en especial sino que atraviesa a todos, provinciales y nacionales, durante los últimos 30 años”.

El rinde electoral

“Hubo algunos avances y muchos retrocesos en materia de seguridad, intentos de lograr una idea de seguridad más democrática, y la contrapartida de situaciones muy hacia atrás. En todos los gobiernos. A la política le cuesta mucho correrse de los discursos habituales porque los políticos interpretan que esas medidas duras, espectaculares, son lo que la población quiere. Piensan que rinde electoralmente. Hubo matices, gobiernos que atemperaron esa actitud y que intentaron algunas transformaciones, pero al final siempre fueron hacia el punitivismo, por esa idea electoral. La lógica de una guerra absurda que no existe, y que no es ninguna solución. Lo que se precisan son soluciones multi agenciales”.

¿Por ejemplo? “Un abordaje con intervención de diversos actores, no solo las fuerzas de seguridad. Encarar el problema del delito en toda su complejidad como fenómeno social, multi causal, con la intervención de otros actores sociales que pueden influir en el fenómeno, no solo la policía. Fijate que en esta misma charla estamos viendo varias aristas distintas. Entonces el tema es la operatividad de las intervenciones que tienen que ver con la política social del Estado, por ejemplo, en donde mucho tiene que ver un neolberalismo económico y financiero que funciona también con estas lógicas, que también alimenta a una economía que muchas veces funciona con ese dinero”.

Rosario narco (1): la infiltración y la complicidad

Francisco Broglia, Defensor Público del Servicio Público de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario y especialista en Derecho Penal.

La saturación es vieja

“Otra cuestión es hacer un diagnóstico certero. Pensar que el problema de la comercialización de sustancias se va a resolver solamente poniendo más policía en la calle, evidentemente ha demostrado que no va a traer grandes resultados” plantea Broglia. Las noticias postulan que son unos 450 efectivos enviados esta vez a Rosario (se instalarían en 3 barrios) frente a intervenciones como la de Sergio Berni, que recuerda Broglia, con 4.500 efectivos que tampoco resolvieron el problema, puede verse.  

“En Rosario ya hubo varias intervenciones según el esquema de saturación policial. La verdad es que es algo bastante viejo, que no solucionó nada. Sergio Berni lo hizo en 2012, de modo mucho más amplio y potente que lo que buscan hacer ahora el gobernador Pullaro y la ministra Bullrich. Recuerdo que una antropóloga, Josefina Martínez, decía que en lugar de pensar tanto en la saturación policial, alguna vez habría que pensar en un esquema de saturación social: cómo hacer frente a las problemáticas del neoliberalismo y la exclusión, que hoy encima se manifiesta de un modo bastante intenso y compleja”.

Menciona el Defensor Público otro tema que no aparece en ninguna agenda: “Hay que pensar de una vez por todas en una reforma policial y penitenciaria integral. Parecería que la política no se anima a intervenir sobre esta autonomía policial, que es el gran tema de todo lo que estamos comentando. Se dieron en el país algunos procesos siempre en situaciones de crisis muy extrema, como en la Policía Bonaerense. Y luego retrocesos cuando se comenzó a calmar el reclamo social: ahí volvieron los avances conservadores y muchas de las reformas fueron para atrás. Sigue siendo un tema pendiente, el gran tema si se quiere encontrar una solución efectiva a lo que está pasando en Rosario, por ejemplo”.  

Teoría sobre la demagogia

Señala también Broglia el error de la demagogia punitiva: “Tengo una mirada  diferente por lo que me ha tocado ver y trabajar. No lo digo como intérprete ni nada por el estilo, pero sí por algunas cosas que humildemente uno puede escuchar de personas muy castigadas por el problema de la inseguridad, que son las personas más pobres. Son las que más lo sufren porque hay siempre una desatención del Estado de esas victimizaciones, como también desde la política se piensa que la demagogia punitiva es la alternativa, y que la gente quiere más cárcel, más policía y más violencia”.

“Pero cuando uno se acerca un poco a lo que la gente parece necesitar, la gente no pide más violencia desde el Estado para enfrentar el problema. Pide que no le pasen cosas, no ser víctima de delitos, vivir tranquila, no tener miedo. Me hace acordar una cosa que decía David Garland, un criminólogo del Reino Unido, en la década del 90, cuando se discutían las mismas cuestiones.  Él decía que la gente no quiere la violencia del Estado. Esa es la interpretación del político y de la opinión publicada en los medios, como salida para demostrar que está haciendo algo diferente. Pero la gente lo que quiere es que no le pase nada. Entonces tal vez habría que plantear otras visiones, que tal vez sean acompañadas también desde el punto de vista de los votos. Pero también hay que tener coraje como para hacer eso, ¿no?. Coraje, capital político y apoyo en general. Pero eso se va a poder lograr cuando se comprenda que lo hecho hasta ahora no soluciona el problema”.

¿Qué le diría a una persona que piensa que la solución es más policía, más mano dura? “Es complejo porque es difícil sacar a la gente de sus cuadros o sus marcos ideológicos. Entonces esa persona está convencida de que la única alternativa es esa. Es complicado que pueda entender que hay otra salida. El problema no se va a resolver con mayor violencia porque no tiene que ver solamente con una cuestión de derecho, sino con la ineficacia de esas políticas”.

Sobre la política del “cada vez la van a pasar peor” en las cárceles a lo Bukele, Broglia propone dos conceptos:

  • “Desde el punto de vista de los derechos humanos, nuestra legislación establece la finalidad resocializadora de la pena y la prohibición de la tortura y los malos tratos a las personas detenidas”.
  • “Desde el punto de vista de la eficacia del punitivismo para reducir la violencia y el delito, te diría que el endurecimiento carcelario es inútil”.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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