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Ambiente

Gobierno y agrotóxicos: Caputo baja aranceles para beneficiar el uso de pesticidas que afectan la salud y el ambiente

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Glifosato, atrazina y 2-4,D son los tres venenos cuyos aranceles bajarán a menos de la mitad. Es un intento del gobierno de Javier Milei y su ministro Luis Caputo de beneficiar a las corporaciones de agrotóxicos y a los productores que los utilizan principalmente para productos transgénicos, en dosis cada vez mayores, y más patológicas. Detalles de otra medida regresiva para el medio ambiente, que busca favorece un sistema de producción contaminante, dañino y que beneficia principalmente a las grandes corporaciones del agronegocio.

Texto: Anabel Pomar

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a través de un mensaje en la red social X, anticipó medidas para “favorecer al agro”. El mensaje publicado éste lunes 8 de abril por la tarde, anunció que se producirá este mes la “baja de aranceles de herbicidas” y una “mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa”.

“Los herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2-4,D bajarán del 35% al 12.6% (que es el Arancel Común vigente para el Mercosur). A su vez reduciremos el arancel de la Atrazina primaria, desde el 24% actual al 10.8%”, dice textualmente.

La medida, en un contexto de profunda inseguridad alimentaria y hambre, y décadas de afectaciones producto del uso de ese tipo de peligrosos agrotóxicos, pinta un escenario distópico. “El gobierno busca reducir los costos de producción de los productores individuales con el claro objetivo de incrementar la siembra de los cultivos dedicados a la exportación (maíz, soja, trigo), con ello incrementar los saldos exportables para desde allí obtener más ingresos relacionados con las retenciones a la exportación. En términos estrictamente económicos, al bajar el precio de estos herbicidas cambia la relación entre el costo del insumo y su productividad marginal. Lo que producirá un incremento en la utilización de estos insumos. Claro está, todo ello, a costa de la salud socio ambiental”, dijo a lavaca el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho. El gesto de Caputo parece responder a una realidad: no funciona la liquidación de la cosecha, lo cual es una de las patas, entre tantas, que amenazan desnudar al esquema económico del gobierno. Liberar estos precios, aunque sea a costa de la salud y de menor recaudación para el propio Estado, implica la idea de facilitar la producción de agricultores y pooles de siembra sumergidos en la creencia sobre su propia incapacidad (falsa) de cultivar sin agrotóxicos.

“El herbicida atrazina, muy soluble en el agua, es capaz de contaminar las napas y con ello el agua de bebida de todos los seres vivos. Por su parte el 2, 4 D es capaz de ser arrastrado por el viento (deriva) afectando a los cultivos circundantes de donde es aplicado. El glifosato, utilizado en la mayoría de las actividades agrícolas incluida la producción de frutas y hortalizas, contamina los alimentos, el agua y el aire que respiramos. Los tres herbicidas, parte del listado de plaguicidas altamente peligrosos, pueden producir alteraciones severas en la salud socioambiental, alteraciones endocrinas en los humanos alteraciones en el sistema nervioso, cáncer, linfoma de hodking”, resume a lavaca Souza Casadinho, que además es Coordinador Regional de la Red de Acción en plaguicidas sus Alternativas de América Latina (RAPAL)

Según estadísticas oficiales – últimos datos públicos – de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA, en 2022, Argentina importó:

ATRAZINA    21.007.820,00 (TOTAL DE KG – AÑO) desde China y USA.

GLIFOSATO   63.099.000,00 (TOTAL DE KG – AÑO) desde China y USA.

2,4 D     16.322.428,70 (TOTAL DE KG – AÑO) desde USA, China, México, Japón e India.

En un informe sectorial sobre Agroquímicos y Bioinsumos elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación, de noviembre de 2023, puede leerse: “Si se consideran parámetros internacionales, Argentina se ubica entre los países que más uso intensivo hacen de los agroquímicos 7,4 (Kg/Ha arable) en el año 2020”. El consumo en nuestro país, según esa fuente y para el mismo año, fue por USD 2.920 millones. El 76% de ese dinero, corresponde al rubro Herbicidas.

Uno x uno

Atrazina

La atrazina es un herbicida disruptor endocrino (químico capaz de dañar nuestras hormonas) que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno, con mayor evidencia en cáncer de mama y próstata.

Prohibida en cuarenta países (Fuente Rapal-dato de 2021), la atrazina (ATZ) es uno de los tres plaguicidas más utilizados de Argentina. Según un informe del 25 de septiembre de 2021 del Ministerio de Ambiente, “se han detectado desvíos del uso permitido, como, por ejemplo, su aplicación en barbechos y cultivos de soja, papa, algodón, trigo y girasol”.

En ese informe del Ministerio de Ambiente se resumen hallazgos de atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en suelos, en sedimentos, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades. También hay evidencia de que está presente en verduras, frutas, peces y en leche de vaca.

La atrazina es el compuesto detectado con mayor frecuencia en diferentes cuencas hidrográficas argentinas. Esto se debe a la alta presión de su uso, su alta movilidad y persistencia. (Aparicio, De Gerónimo et at., 2015). En el agua de red no se la monitorea.

Por estos días, ese herbicida tomó nuevamente un criminal protagonismo tras el incendio en Atanor de San Nicolás, en el sector de fabricación de atrazina provocando una nube tóxica e inconmensurables daños que se suman a la más de una década de denuncias por contaminación, enfermedades y muertes en los barrios linderos.  

Glifosato

El herbicida glifosato es tal vez uno de los herbicidas más conocidos en nuestro país. La causa es sencilla. Es el más usado y también quizás el más denunciado por provocar afectaciones, no solo aquí sino en el mundo entero.

El glifosato [N-(phosphonomethyl)glycine] (GLY) es un herbicida (como indica la palabra que mata hierbas) no selectivo, de post-emergencia, de amplio espectro, ampliamente utilizado para el control de las “malas hierbas”. Introducido por Monsanto en la década de los 70 como principio activo del formulado Round Up, es posiblemente el herbicida más utilizado en la actualidad en todo el planeta.

En 2015, la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, dependiente de la OMS), reclasificó al glifosato como clase IIA (Probable Cancerígeno en Humanos). El informe añade que hay fuertes evidencias de que la exposición a las formulaciones de base glifosato son genotóxicas; puede haber daños cromosómicos en las células sanguíneas; y que el glifosato y el ácido aminometilfosfónico (AMPA, producto de degradación del glifosato) inducen procesos de estrés oxidativo que pueden provocar muerte celular y disfunción tisular.

En nuestro país es posible encontrar residuos del herbicida con potencial carcinogénico en todo nuestro sistema ambiental. En diferentes concentraciones, en la lluvia que cae (el 80% tiene glifosato y el 34% su metabolito AMPA) en el algodón, gasas, (el 100% de todas las muestras de marcas que se venden en los comercios y supermercados dieron positivos para glifosato y AMPA). En el río Paraná y sus afluentes, tras un monitoreo en 23 puntos aparecen en los sedimentos (glifosato + AMPA) concentraciones de glifosato en proporciones tres veces mayor a la que se encuentra en un campo sembrado por soja, lo que daría a su vez cuenta de la movilidad de los componentes.

El pesticida ataca directamente también a comunidades, escuelas y personas. Por sólo mencionar un ejemplo, el 100% de participantes argentinos en la investigación internacional SPRINT sobre agrotóxicos dio positivo (glifosato en sangre). Todas las personas muestreadas tenían glifosato, aunque no lo usaran, inclusive aun viviendo lejos de los campos fumigados.

Lavaca ha cubierto las condenas y los numerosos juicios que se realizan en contra de Bayer/Monsanto, dueña del Roundup, la marca comercial más conocida del herbicida base de glifosato. Y también ha detallado cómo ese producto, pese a las evidencias que se siguen amontonando de su peligrosidad, continúa en el mercado a fuerza de lobby y fraude científico. Además de lo que representa como pérdida de dólares en un momento de crisis. Los productores quedan atrapados en un sistema presuntamente inevitable, reduciendo cada vez más sus ganancias. El detalle para todo esto: los proyectos agroecológicos han demostrado similar capacidad productiva, sin necesidad de esos gastos que afectan a quienes producen, y al país.

2,4 D

El herbicida 2,4 D, es célebremente famoso por ser uno de los componentes del “Agente Naranja” utilizado durante la Guerra de Vietnam por el ejército estadounidense. Fue clasificado en 2015 por la IARC como clase 2B, es decir, “posiblemente cancerígeno en humanos”. De altísimo riesgo, es neurotóxico, teratogénico (paladar hendido, malformaciones esqueléticas); genotóxico y disruptor endocrino.

Entre otros efectos reproductivos: disminuye el volumen de esperma y su movilidad y aumenta el porcentaje de espermatozoides anormales en trabajadores expuestos.

Asociado a la enfermedad de Parkinson, se señalan entre otros de sus efectos crónicos: bronquitis, peribronquitis, neumoesclerosis, nefrotóxico y hepatotóxico.

Es además altamente persistente. En 2014, en la ciudad santafesina de San José de la Esquina, un camión volcó 18.000 litros de ese herbicida. El Equipo Multidisciplinario de Interacción Ambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de La Plata comprobó que los residuos del agrotóxico se registraban incluso a la vera del río Carcarañá y demostró que a casi dos años de ocurrido el derrame, la concentración del producto era hasta 100 veces más fuerte que “la tolerable”. Y aún se olía en el aire, síntoma obvio de su capacidad de seguir intoxicando sin degradarse.

La política del veneno

El biólogo, filósofo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera, consultado por lavaca, señaló que este anuncio de reducción de aranceles para la importación tiene que ser comprendido en el contexto del “conjunto de medidas neoliberales que promueve el gobierno nacional actual pero también en cuanto a la genealogía e historia de nuestro país”.  A punto de publicar el libro Veneno en coautoría con la investigadora Paula Blois, en el que indagan sobre las políticas públicas y las relaciones de complicidad con las empresas extractivas, Folguera entiende que las políticas de los que se jactan de despreciar las políticas y el estado, no son nuevas. “En lo personal considero que se muestra un ciclo histórico muy marcado entre lo que ha significado la dictadura militar de la década del 70 y el intento por avanzar hacia el capitalismo en esta fase particular neoliberal, con un actor muy claro y muy evidente que tiene que ver con los grupos de especulación financiera, que se han metido muy fuerte en el agro, cosa que siguen profundizando”.

“Los cambios institucionales que se dieron en el gobierno de Carlos Saúl Menem promovieron los transgénicos pero también alteraron instituciones de control como SENASA. Omitieron cualquier política de prevención y ubicaron en un lugar muy secundario los cuidados ambientales y de salud. Los años siguientes han presentado a mi entender cierto carácter voluntarista en cuanto a la alternativa a los agronegocios sin meterse en el corazón, en el núcleo de este sistema que promueve la mercantilización de todo, de territorios, de cuerpos, de naturaleza, sin otra finalidad que es que cierto sectores del agro, de la especulación financiera y de las corporaciones se vean beneficiados”, concluye.

El gobierno, en el mismo mensaje de Caputo, anuncio una “mejora” en los permisos del SENASA. ¿Que implica esto?, se pregunta Casadinho y agrega: “¿Seremos más severos para aprobar el registro de un plaguicida?”. La respuesta parece obvia.

Además, incluyendo estudios de afectación a la salud donde pueda participar la sociedad civil, ¿la categorización de los plaguicidas será más exhaustiva? ¿Incluirá estudios sobre enfermedades crónicas?. Los representantes del ministerio de salud podrán participar de los estudios y en categorización toxicológica. ¿Esta mejora incluirá la prohibición de los 140 productos químicos prohibidos en otros países? ¿O será más de lo mismo? Es decir: aprobar el registro de plaguicidas sin realizar estudios en el país sobre su efecto tóxico, seguir aprobando plaguicidas altamente peligrosos, seguir aprobando plaguicidas manteniendo criterios de confidencialidad sin que la sociedad pueda conocer a fondo como se aprueban los plaguicidas, las investigaciones realizadas, así como su constitución. No estamos condenados a los plaguicidas. Es posible producir de manera rentable para los productores y generar ingresos para el país a partir de la producción agroecológica”.

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Precarizados y al borde del despido: así se apaga el fuego en Chubut

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Mientras el incendio que se inició en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut ya quemó cerca de 8 mil hectáreas y las autoridades afirman que el fuego por el momento está detenido, cientos de brigadistas y de otras áreas de los Parques Nacionales trabajan sin contrato laboral. La posibilidad de quedarse sin empleo por un decreto de Milei y el incumplimiento de Cabandié que lo podría haber evitado. La falta de respuestas de este gobierno que vacía al Estado y la pregunta sobre quién se beneficia con las llamas. Ganar al truco como forma de conservar el puesto, en un pasado donde la precarización era incluso mayor.

Desde Esquel. Texto: Francisco Pandolfi /Fotos: Nicolás Palacios

El 25 de enero a las 22.30 dos focos comenzaron el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que arrasó con alrededor de 8 mil hectáreas. Es la quinta vez en los últimos años (2008, 2015, 2016, 2023 y 2024) que se quema el mismo Parque; en total, cerca de 20 mil hectáreas

“El Parque está todo quemado”, dice Estela, personal técnico de Los Alerces, a cargo del área de pobladores. Está sentada en una de las miles de sombritas de esta inmensidad que cautiva a los ojos por tanta belleza, y que los hace trizas cuando lo que se ve es fuego y cenizas. En su sector laboral hay una sola persona: ella, únicamente, es el nexo con las 39 poblaciones y 57 familias que habitan el Parque Nacional.

Estela, en medio del fuego, está sin contrato.

Y no es la excepción, sino la regla.

“En total, en el Parque Nacional los Alerces somos 112 trabajadoras y trabajadores. Nada más que 112 personas para cubrir un área de más de 250 mil hectáreas, así que tenemos falencias por todos lados. Por lo menos, necesitaríamos más de la mitad, como para empezar”. 

Precarizados y al borde del despido: así se apaga el fuego en Chubut

Estela trabaja en Los Alerces hace 13 años / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

“Estamos en el aire”

No es el único problema la falta de personal. “35 brigadistas y 16 técnicos y administrativos estamos sin contrato. Yo hace 13 años que trabajo acá, tengo compañeros que están hace 20 y nunca nos pusieron en planta permanente. Siempre tuve contratos anuales, pero nuestra situación cambió tras el decreto firmado por el presidente Javier Milei”. A fines de diciembre, dio de baja los contratos del Estado firmados en 2023 y exhorta a que sólo podrán renovarse hasta 90 días. “El DNU dice hasta marzo, pero no firmamos nada, ni por tres meses. No tenemos ninguna comunicación oficial, nada que avale de manera formal que seguimos trabajando”.

Desde la asunción del nuevo gobierno, la Administración de Parques Nacionales (APN) está acéfala. Hasta el momento, no hay nadie que conduzca el organismo. En cuanto al Parque Nacional Los Alerces en particular, vive una situación parecida, ya que como no hay nadie nombrado oficialmente, el guardaparque Danilo Hernández Otaño es el intendente interino. “Es una locura la situación, la mitad del parque se quedaría sin empleados. Estamos en el aire y sin autoridades”, cuenta Estela.

Hernán Mondino conforma la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Acaba de bajar del helicóptero luego de otro día larguísimo combatiendo al fuego. Es delegado de sus compañeros, que como él, tampoco tienen contrato. “No sólo los de este Parque; los más de 600 brigadistas a nivel nacional estamos en la misma situación de precariedad laboral; así subimos a apagar el incendio”.

“Nosotros firmamos un contrato anual a la salida de la gestión anterior, el decreto 84 de Milei dio de baja esos contratos y puso un periodo de revisión hasta marzo, pero no firmamos nada. No nos echaron y nos siguen pagando… de ahí andamos agarrados por ahora”. ¿Qué significa estar sin contrato, en relación a si se lastiman por ejemplo? “No sabemos. Por tema de seguros y ART nos dijeron que sigue todo vigente, pero es un gris”.

Hernán, delegado que se puso al hombro el reclamo / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Sin respuestas

Tanto el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, como la Autoridad de Parques Nacionales, dependen de la secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente, desde hace días a cargo de Daniel Scioli. La cartera está bajo la órbita del Ministerio del Interior, comandado por Guillermo Francos. “Pedimos una reunión con Francos por la apertura de paritarias y no hubo ninguna respuesta para establecer con claridad la situación en la que estamos ahora. Te van llevando a definir situaciones más extremas. La temporada pasada hicimos seis, siete paros y sabemos bien que cuando se apague el fuego, olvidate: menos bola nos van a dar”.

La incertidumbre laboral es uno entre varios reclamos que encabezan las y los brigadistas, que en asamblea decidirán en las próximas horas los pasos a seguir. “Que aparezcan todos los recursos cuando hay incendios y antes no, debe ayudar a reflexionar un montón de cuestiones. En el sistema de incendios forestales el brigadista es el principal elemento, pero somos los principales precarizados. Es necesario un proyecto con los trabajadores adentro, con plenos derechos. Hoy no es que sobra nada, pero pedís un pantalón y te dan el pantalón; pedís borcegos y te dan borcegos… son cuestiones elementales que deben brindarse antes, ¿por qué esperar a que haya un incendio para que te den la ropa adecuada? En cuanto a infraestructura estamos mal, tenemos un baño para treinta personas”.

Todo tiempo pasado fue peor

Hernán tiene 39 años y repasa los derechos conquistados, así como de dónde se partió hasta llegar a la actualidad. “La visibilidad que tuvimos en los últimos años transformó lo que era el rol del brigadista, che pibe del guardaparque. Si había que ordenar la seccional, ahí iba el brigadista, lo mismo para cortar el pasto. Al protestar porque hoy los contratos son anuales, debemos recordar que hasta hace cuatro años eran trimestrales. Y no sólo eso, años atrás los hacían jugar al truco por el contrato”

¿Cómo que los hacían jugar al truco?

–Sí, la precariedad era total; el que ganaba se quedaba contratado, el que perdía, afuera.

Recuerda Estela: “Eso pasaba hace diez años atrás, o menos; los contratos eran por temporada; hubo muchísimo trabajo de ATE y de los trabajadores para revertir eso”.

Suma Hernán: “En la última gestión de Cabandié pasaron a ser contratos anuales. Sin embargo, la pelea de fondo es el pase a planta. En un discurso, Cabandié dijo que nos iba a pasar a planta, pero nunca lo hizo. Recién al final de la gestión se abrió el reconocimiento del Estado a la necesidad de pasar a planta a 450 brigadistas de todo el país, cuando a nivel nacional somos 600. Todo quedó en la nada y ahora con este gobierno…”.

Completa Estela: “El trabajador estatal va a la par de la política pública, y por eso los recortes de Milei; si no hay política pública, ¿para qué nos quiere?”. Reflexiona: “Más allá de lo que fue el gobierno de Alberto, no puedo creer que no hayamos pasado a planta todos los trabajadores del Estado en un gobierno que cree en el Estado. Dejaron una parte muy importante descuidada, al laburante, al efector de la política pública. Nos subieron el sueldo, nos mejoraron de categoría y eso fue muy importante, pero no alcanza. Nos dejaron en banda los gobiernos anteriores, no identificaron nuestra importancia”.

Estela tiene 47 años, un hijo y una hija, cuyos nombres lleva tatuados en la piel. Vela por ambos. “Todos los trabajadores que no estamos en planta permanente tenemos otra changa, un plan B por la incertidumbre de quedarnos sin laburo. Y ahora más que nunca. Soy costurera y me puse a trabajar más por si me quedo sin empleo”.

Precarizados y al borde del despido: así se apaga el fuego en Chubut

Una cuadrilla de brigadistas recién aterrizados / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Una pepa de oro

Según comunicaron desde el Parque Nacional Los Alerces, el fuego se encuentra “detenido en fase de control”, que significa que el frente de avance se detuvo “a raíz de los trabajos realizados o por efectos meteorológicos”. E informan que “284 personas están asignadas al terreno para el combate con herramientas manuales y fajas cortafuegos; con el apoyo de maquinaria vial y autobombas para evitar nuevos focos secundarios”. Sigue habiendo algunos prendidos, aunque están contenidos. Permanentemente se realiza una guardia de cenizas para evitar la multiplicación de nuevos fuegos.

Datos oficiales confirman que el 95 % de los incendios son causados por actividad humana. Este incendio, para todas las fuentes entrevistadas en esta cobertura, fue intencional, pero no hay ninguna prueba que demuestre quién fue ni por qué. “No hay dudas de que fue intencional por el lugar donde fue, que no es accesible para cualquier persona y porque se prendieron dos focos juntos –opina Hernán–. La cuestión está en saber cuál es la motivación y para eso es importante analizar el historial de los incendios en Alerces, que ya fueron varios; de hecho, en esa misma zona donde empezó, el año pasado apagamos un par de focos”. 

Añade Estela: “Fue intencional porque el área que se prendió no es de uso público, son áreas de pobladores; quien lo hizo debió conocer muy bien la zona. Todos los incendios anteriores tuvieron características similares: sabían que habría viento y que los días siguientes haría mucho calor, las condiciones perfectas para que el fuego se propague”.

Hernán profundiza sobre otro elemento: “A la intencionalidad se suma el cambio climático, la sequía, la disponibilidad de combustible; antes los incendios eran más controlables, hoy explotan por la desertificación del suelo. La palabra para definir este incendio es que el fuego se escurre, vos le hacés la faja, le hacés de todo y el fuego se escurre igual… el campo está seco, tocás al pasto y hace ‘crack’, entonces se prende al toque”.

¿Quién gana con este fuego?

–Hernán: Pienso, le busco la vuelta y no la encuentro; porque el tema inmobiliario en Parques no tiene sentido, ya que no se puede vender la tierra, es área protegida. En cuanto a negocios, por lo menos con las leyes actuales, hoy no podés hacer nada.

–Estela: No lo sé. Si vos me decís que los incendios empezaron en la era de Milei, y… te diría que la provincia podría tener sus intereses, porque el DNU habla de la posibilidad de la descentralización de organismos nacionales a las provincias, y Chubut siempre tuvo interés de crear un parque provincial. Los Alerces es una pepa de oro para todo el mundo, todos se lo pelean. Sin embargo, esto no empezó con Milei: este parque está todo quemado y no puede seguir quemándose.

¿Las flotas de aviones y helicópteros son estatales? 

–Hernán: No. Hasta mediados de enero no estaban disponibles los aéreos; son empresas contratadas, tercerizadas. Ahí entra la discusión plenamente política, por qué no los tenés vos como Estado, por qué no te armás de una flota hidrante que tenga capacidad de respuesta propia.

Las jornadas arrancan a las 7 y terminar cerca de las 18 / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Una hijaputez

El ex vicepresidente del Parques Nacionales (2015-2019), Emiliano Ezcurra, declaró en la Revista Gente que “muchas veces la forma de protestar contra el gobierno o una política de gobierno contraria a los parques nacionales o a la reducción de presupuesto para brigadistas puede generar que algunos individuos tomen venganza prendiendo fuego el bosque. Los contratos de brigadistas se renovaron solo hasta fines de marzo, entonces en protesta contra esa precariedad laboral es muy probable que haya pasado esto”.

Le responde el delegado de los brigadistas: “Quieren tener una respuesta rápida a una situación de mierda de la que en realidad no saben nada; buscan pegarle al que le sirve discursivamente, es parte del debate bajo de la política. Lo que debemos pensar es si estamos como sistema de incendio a la altura, si están los recursos disponibles y si hay políticas de incendio”. Luego de la respuesta racional, le deja paso al sentir: “Me da mucha bronca lo que dijo, porque es un montón de entrega; te duele la rodilla y tenés que patear igual; te duele algo, e igual tenés que cargar las herramientas. Este tipo simplifica lo que hacemos, diciendo que ves un humito, mandás el dron y después te tirás encima y listo, como si fuera soplar y hacer botella”.

Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Contesta Estela, directo al ex funcionario: “Los trabajadores de Parques no prendemos fuego, lo apagamos. Después que se fije la Justicia quién lo prende. Fue una hijaputez lo de esta persona, más con la situación laboral en la que estamos”. La Justicia no tiene novedades sobre la causa de este incendio. Ni tampoco sobre los fuegos anteriores. “Como se asume que son intencionales y algún día se van a cortar, no se invierte en la prevención, en la conservación. Hay que encontrar a quien los prende, pero nunca los agarran… O sea, ninguno es ninguno, en todos los incendios anteriores estamos como en este, no se supo ni se sabe nada”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1758100350152704093?s=20

Cuidar la naturaleza y a quien trabaja

En el Parque Nacional Los Alerces hay flora y fauna autóctona, hay lagos y ríos, hay montañas y poblaciones.

Y también hay laburantes precarizados, sin contrato y conectados con su hábitat.

Como Estela, que hace unos años se mudó al Parque Nacional Los Alerces: “Después del incendio habrá que esperar que crezcan los árboles; sabemos que se llenará de plantas exóticas, no nativas, y eso es grave; todo es grave, irrecuperable. Nadie que viva hoy va a volver a ver el bosque como fue. Ver al Parque quemado es lo más triste del mundo”.

Como Hernán, que nació en la localidad bonaerense de Berazategui y que eligió la Patagonia hace trece años: “Vine acá por los bosques, por los lagos, por la tranquilidad, por la paz; todo eso está en la naturaleza, hay que entender que somos parte, que hay que cuidarla. Y que otro norte, también, debe ser cuidar al que labura”.

Precarizados y al borde del despido: así se apaga el fuego en Chubut

Por estas horas, en asamblea decidirán los pasos a seguir / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

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Nota

Agroecología y biodinámica en Mendoza: Elogio de la locura

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agroecologia mendoza

Mendoza tiene historia de movilización antiminera. Pero no todo es “no”. Hay además producciones agrícolas sanas, incluso de vinos, que reman contra la corriente tóxica, la crisis climática y sintonizan con las nuevas tendencias de consumo. Un viaje para conocer formas distintas de acción y pensamiento que conectan, aunque parezca una locura, el cielo con el suelo.

Texto: Sergio Ciancaglini

Fotos: Nacho Yuckark

Agroecología y biodinámica en Mendoza: Elogio de la locura
Sandra con las manos en el ajo agroecológico. Fotos: Nacho Yuchark.

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MU en una provincia en conflicto: El jujeñazo

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En 2023 la provincia se sacudió frente al gobierno de Gerardo Morales, que eligió la violencia y la criminalización de quienes defienden el trabajo, el salario, el agua y la vida. Y derechos reconocidos por toda la legislación. La aprobación de una reforma nada constitucional. Negocios políticos y familiares, nepotismo y autoritarismo. Niveles cada vez más altos de pobreza, indigencia e injusticia. Las balas que apuntan a los ojos de la sociedad. Esta es la recorrida que hicimos por la provincia: cada corte hasta los 3.500 metros de altura. Juego sucio, identidad, esperanzas, relación con la tierra, el futuro y lo que dicen las comunidades sobre la capacidad de la mente y la del corazón.

Texto: Francisco Pandolfi

Fotos: Lina Etchesuri

MU en una provincia en conflicto: El jujeñazo
Las comunidades originarias de pie, en la ruta que pasa por San Roque, Humahuaca. Fotos: Lina Etchesuri

Junio de 2023 quedará en la memoria del pueblo jujeño. Por lo represivo y por la fortaleza de muchos de sus habitantes. Por el avasallamiento y por la lucha que continúa en cada rincón de la provincia. Quedará en la memoria por la reforma parcial de la Constitución del gobernador Gerardo Morales (presidente además del Comité Nacional de la UCR) y por la sublevación de una comunidad educativa con salarios empobrecidos. Quedará en la memoria porque Jujuy despertó: la generalización –como licencia narrativa– tiene su apoyatura en que el viernes 16 se gestó en San Salvador la mayor movilización en su historia: entre 80 y 100 mil personas, mediante la unidad de docentes, trabajadores estatales en general, organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos, junto a los pueblos originarios que ese día arribaron desde distintas localidades encolumnados en el Tercer Malón de la Paz.

El lema de la manifestación fue unánime: “Gerardo Morales aprobó su reforma a espaldas del pueblo jujeño”. De espaldas y mientras dormía. Horas antes, en esa madrugada, la había votado por unanimidad la Convención Constituyente de Jujuy, integrada por el oficialista Frente Cambia y el Frente Justicialista (Juntos por el Cambio y el PJ).

Junio quedará en la memoria, también, porque a partir de ese día las comunidades originarias cortaron las rutas en más de 20 puntos estratégicos, decisión que aún persiste al cierre de esta edición. Del sur al norte, y en cada una de las regiones: en los Valles, las Yungas, la Quebrada, la Puna. Ese mismo viernes 16 de junio, la localidad de Abra Pampa fue el epicentro de la primera represión. Un día después, se encarnizó la violencia policial en Purmamarca y el martes siguiente, en otra multitudinaria marcha, se ejecutó en San Salvador una cacería con más de una centena de heridos y 68 detenidos.

MU en una provincia en conflicto: El jujeñazo
Una niña en Purmamarca, como en cada corte, flamea la bandera argentina junto a la whipala. Fotos: Lina Etchesuri

El estado de las cosas 

Tras esa seguidilla de balas de goma y de plomo y de gases lacrimógenos, la gente empezó a cantar a lo largo y ancho del territorio: “Morales, basura, vos sos la dictadura”. El gobierno jujeño no es una dictadura, pero sembró la provincia de un tipo de violencia que permite recordar tiempos más nefastos del país:

  • Fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes.
  • Fuerzas policiales usando camionetas de empresas privadas para levantar gente (táctica ya vigente durante El Apagón de Ledesma en 1976 que derivó en el secuestro de más de 400 personas, 55 de las cuales siguen desaparecidas). 
  • Fuerzas policiales disparando a la cabeza: cuatro personas perdieron la vista en uno de sus ojos.
  • Fuerzas policiales disparando, persiguiendo y deteniendo a periodistas y fotógrafos.
  • Pago de un bono de 50 mil pesos a cada policía el día después de ejecutar la represión. 
  • Hostigamiento a comuneros y dirigentes de pueblos originarios.
  • Amenazas de despidos a manifestantes.
  • Incendio del auto de dos dirigentes sindicales.
  • Allanamientos a viviendas sin orden judicial.
  • Intervención de fuerzas policiales a asambleas de estudiantes.
  • Encapuchados de civil tirando piedras a quienes protestaban.
  • Policías infiltrados en las marchas.
  • Policías que lanzaron gases lacrimógenos vencidos, extremadamente más tóxicos. 
  • Policías rompiendo puertas de casas, sin otro motivo que generar miedo. 
  • Policías sin identificación.
  • Decenas de detenciones arbitrarias.
  • Detenciones ilegales, sin intervención durante días de jueces y fiscales, ni explicación de sus causas..
  • Represiones y acción psicológica, a 40 años de la recuperación de la democracia. 

Lo inconstitucional

La aprobación de la reforma constitucional también tiene aires antidemocráticos. La abogada jujeña Alicia Chabale, integrante del equipo que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc, describe: “La reforma es inconstitucional y tiene varios defectos, de forma y de fondo. En lo formal, se publicó en el Boletín Oficial en septiembre del año pasado la Ley 6302 hecha por el Poder Ejecutivo que convocaba a realizar la reforma. Sin embargo, en la Constitución Provincial de 1986 está previsto que la declaración para hacer una reforma es exclusiva de la Legislatura. No importó: se aprobó la ley”. Sigue: “Se determinó que las elecciones de los constituyentes se haría el 7 de mayo pasado, junto a las elecciones a gobernador, intendentes, diputados y concejales. Así fue, y estaba previsto que sesionen durante 90 días hábiles, unos cinco o seis meses por feriados y fines de semana. Esto no fue así: tuvo un tratamiento exprés; las sesiones empezaron a fines de mayo, se votó el viernes 16 de junio, en primera instancia, y el martes 20 en segunda cuando dejaron sin efecto los artículos 50 y 36 por la resistencia de los pueblos originarios”.

Completa: “Otra discusión jurídica refiere a si la Convención Constituyente tenía funciones para reabrir el debate convencional el día 20 y eliminar esos dos artículos que ya habían aprobado la semana anterior. La función del convencional termina ahí. La jura que se hace, tan protocolar y antigua, tiene la función de darles legalidad y legitimidad a los actos que se desarrollen. Acá votaron una vez, hubo repudio del pueblo, sacaron dos artículos y votaron de nuevo, como si nada”.

¿Es legal que la Convención Constituyente haya estado integrada por funcionarios actuales? “No, y esto figura en el artículo 100 de la Constitución provincial. ¿Cómo hicieron? Se tomaron licencia en sus cargos y sesionaron. Esto es lo que hizo el propio Morales, uno de los constituyentes. Se pidió licencia como gobernador, abrió la Convención, dictaminó las normas y luego se pidió licencia de la Convención. Después, previo a votar, se pidió licencia como gobernador y volvió para asumir las funciones como constituyente. Así funciona todo acá”. 

El trabalenguas; las idas y vueltas; la repetición de la palabra “licencia” es una síntesis de lo que sucede en Jujuy mientras estos funcionarios aplastan la palabra democracia.

La doctora Chabale enumera algunos de los problemas de fondo: 

1. “No se consultó a las comunidades originarias antes del dictado de la Ley 6302, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene rango de norma constitucional, que refiere a la consulta previa anterior a una disposición legislativa que afecte a las comunidades indígenas”. 

2. “Posterior al dictado de la ley, no se conoció el texto completo hasta el viernes 9 de junio, apenas una semana antes de que se vote. El pueblo jujeño entero, no solo las comunidades, no sabía qué iba a decir nuestra Constitución”. 

3. “El gobierno no tuvo otra opción que salir a dar de baja los artículos 50 y 36, pero el haberlos querido incluir da la pauta del propósito de esta reforma: darle todo el poder al Ejecutivo. Se reconocía a la personería jurídica de las comunidades, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras, pero atribuía en forma exclusiva la facultad de decisión sobre ellas a la provincia, recortando lo que dice la Constitución Nacional en reconocimiento de las comunidades originarias como preexistentes al Estado”. “Los nuevos derechos que se incorporan en la reforma parcial son de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría. Así, la regulación del agua (donde no se menciona que es un derecho humano), la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no, entre otros varios artículos, le otorgan facultad absoluta al Ejecutivo”.

4. “Con respecto a los recursos naturales pasa exactamente lo mismo: su regulación queda sujeta a lo que disponga la provincia. Pero la provincia no es una isla aunque así la hacen parecer. Somos parte de un sistema federal donde hay un orden cuya cúspide es la Constitución Nacional. Tenemos que cumplir por ejemplo el tratado de Escazú, que se incorporó como legislación nacional y establece la promoción y la defensa de quienes cuidan el ambiente. En este caso, las comunidades indígenas que fueron y están siendo perseguidas por la policía. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país. Desde lo jurídico es inabordable esta reforma que refleja el desconocimiento absoluto de las normas que nos rigen como Estado”. 

Lo que encendió el fuego 

Las movilizaciones y el paro que sacudieron a Jujuy comenzaron con las y los docentes el 5 de junio, protestando contra “los salarios de miseria”. Marchas de antorchas, mateadas masivas y las ollas populares, así como un enorme repertorio de canciones creativas, fueron el caldo de cultivo no solo para visibilizar los 34 mil pesos del salario básico más pobre del país, sino también para magnificar el reclamo por la reforma constitucional. Primero para que no se apruebe; luego para que no se jure; después –y ahora– para que se derogue.

Las manifestaciones de la comunidad educativa contaron con un fuerte apoyo de otros gremios, sobre todo de los trabajadores estatales que entre los años 2016 y 2023 perdieron el 65% del salario real. En ese lapso que abarca la gestión de Gerardo Morales, la inflación acumulada fue de 399% y la suba del salario nominal de 277%, lo que da una diferencia en contra del 122% del salario acumulado. Esto se enlaza con los últimos datos oficiales del INDEC: la pobreza en Jujuy asciende al 41,8% de la población, por encima del promedio nacional que es de 39.2%. La indigencia trepó al 8.1%

Entre canto y canto, entre marcha y marcha, enseñan los maestros: “Estamos muy precarizados; yo tengo 14 años de antigüedad y cobro 70 mil pesos. Y encima nos jubilan con la mínima”, dice María, docente no formal, mientras camina al ritmo de “Fuera Morales Fuera”, y de “Somos los docentes de Jujuy, aquí presentes, los docentes que nunca se venden, a la patronal”. 

Mónica es maestra jardinera: “En la pandemia trabajamos las 24 horas y ni así nos aumentó el sueldo. Nuestro salario no cubre la canasta básica”. La canasta básica total está en 250 mil pesos para una familia de cuatro miembros, y el sueldo neto de un docente primario y secundario (básico más adicionales) ronda los 125 mil. Hay que hacer esfuerzo para escuchar el descargo, porque suena uno de los hits: “Morales gato sos un ladrón, le robaste a la educación”. 

Las letras de las canciones mezclan palabras duras y sensibles, así como un festival de ritmos: coplas, huaynos, tinkus, pin pin y carnavalitos. Hay para elegir en el cancionero pero no en otras cosas, cuenta Viviana, maestra jardinera. “No podés comprarle ni ropa a un hijo. Ya ni digo paseos o viajes: ni las necesidades básicas se pueden garantizar. Además, no podemos enfermarnos porque nos cortan el presentismo por faltar un día”.

A un mes de iniciar el reclamo, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior aceptó los 200 mil pesos de piso salarial propuesto por el Ministerio de Educación provincial y levantaron el paro, aunque aseguraron que “bajo ningún punto de vista” dejarán de pelear contra la reforma “que consideramos inconstitucional”. En cambio ADEP, el sindicato de educadores de Nivel Inicial y Primario, continuaba el paro exigiendo una nueva paritaria, la derogación de la reforma constitucional y en apoyo al consenso al que llegaron las comunidades originarias: cortes de ruta hasta la derogación de la reforma.

Un corte y una Quebrada

La decisión tomada por el Tercer Malón de la Paz de restringir el libre acceso de los vehículos en rutas nacionales y provinciales tiene como motor el hartazgo total. Las comunidades originarias dijeron “basta” y “hasta las últimas consecuencias”. De ahí no se mueven. Entonces debíamos movernos nosotros desde el sur hasta el norte de la provincia, desde los valles, pasando luego por la Quebrada de Humahuaca y subiendo hasta esa meseta increíble, la Puna, a más de 3.500 metros de altura, para escuchar, conocer y ampliar las diversas miradas sobre este momento esencial.

Corte de Purmamarca

Desde San Salvador hasta Purmamarca hay 54 kilómetros de un paisaje impresionantemente bello. La Quebrada de Humahuaca es una seducción para la mirada ante tanta biodiversidad, caballos y vacas, cielo, montañas, infinitos cactus; con una paleta llena de diversos verdes que uno se sorprende de que existan.

En la entrada a la ciudad hay una bandera argentina y una whipala, binomio que estará presente en cada reclamo. Y en cada persona que da testimonio. “Morales es un traidor, una mala persona que está vendiendo a la Argentina con sus negociados”, comenta Nicolasa, de 31 años y cinco hijos, entre los cuales está su bebé de 5 meses, a quien acuna mientras habla: “Nunca pensé exponer a mis hijos de esta manera; estoy muy triste, jamás había pasado una represión así, fue horrible, agarraban a cualquiera, no importaba si era una mujer, un niño, les daba lo mismo”.

Pegado al típico cartel turístico que dice “Purmamarca”, una bandera con letras verdes pintadas prolijamente, anuncia: “Nación Kolla”. A metros está Mariana, que lleva una botella de plástico vacía. Cuando pasan los autos cada vez que se levanta el corte –cada 3 o 6 horas dependiendo la decisión asamblearia–, la botella es su herramienta para hacer ruido, chocándola contra su muñeca. Habla y no contiene las lágrimas que acarrean varios días durmiendo mal, y el haber recibido dos balazos de goma: “Es un dictador que vino a matarnos”.

Un día después de la aprobación de la reforma, el miércoles 21 de junio, se celebró el nuevo año andino (año 5531) y se realizó la ceremonia del Inti Raymi, la fiesta del sol. “Pese a la tristeza que quedará marcada por haber iniciado un nuevo año de esta manera violenta, el Tata Inti, nuestro sol, nos dio energías para seguir”, explica Mariana, de 48 años. Otra compañera algo más joven: “Estamos protegidos por guías sagradas y espirituales; por nuestros ancestros; por una fuerza superior que nos da fortaleza”, dice Semilla, que pide ser llamada así por miedo a una represalia: “Morales es un tirano que debe ir preso, por perverso. Es mala gente y conduce un aparato violento y turbio que de un segundo a otro puede montar lo que desee. No le importa la Pacha, solo el dinero”. 

En Purmamarca se siente un temor latente por sospechas de infiltrados de la policía, de la gobernación, de los servicios de inteligencia. “Vienen y nos sacan fotos para provocarnos miedo. A muchos nos han amenazado de muerte”, dice Semilla. Aurora necesita desterrar algunos estigmas que se anduvieron repitiendo en cadena televisiva: “Nos tildan de kirchneristas y no es así. No militamos en el kirchnerismo, ni en la izquierda, ni en la Tupac de Milagro Sala; militamos por la vida. Morales es un asesino. ¿Cómo definirlo de otra manera? Nos dice terroristas a nosotros, cuando él nos genera terror”.

Corte de Tilcara

No lo pueden creer. O quizá sí, pero no les deja de asombrar. Horacio Rodríguez Larreta presentó como su acompañante en la fórmula presidencial al mismísimo Gerardo Morales. Lo vieron en un televisor de la estación de servicio de la entrada de Tilcara. Lo leyeron en el zócalo de la pantalla. A menos de cincuenta metros la comunidad tilcareña corta la ruta 9 exigiendo la renuncia del propio Morales, que muy lejos aparece posando en un salón de Palermo, en Buenos Aires.

Habla Griselda: “Él es el responsable de que tengamos el agua contaminada, de haber explotado nuestros bienes naturales y de entregarles las riquezas a las empresas extranjeras. Y que la mayoría de la población cobre sueldos miserables. Él es el responsable de que no tengamos proyectos de esperanza”. Antes de aceptar la charla, Griselda junto a su amiga Graciela pidieron la identificación de prensa. No será una excepción, sino la regla en los todos los cortes que recorrimos desde MU. “Estamos teniendo muchos problemas, hay muchos infiltrados”, justifica Graciela, quien un poco más distendida, explica: “Estamos seguros de lo que hacemos, hay esperanzas porque tenemos raíces, que son nuestras identidades”.

Corte de Uquía

En los costados de la ruta nacional 9, desde Tilcara hasta Uquía, hay algunas vacas, algunas cabras y pocas llamas, que proliferarán mucho más a medida que se avanza hacia la Puna. También casas bajitas de barro, de adobe, de paja, de madera. 

Al llegar nos recibe un rojizo y hermosísimo cerro: Las Señoritas. Olga, docente: “Aceptar la reforma es pasar a ser esclavos. Morales es un represor, volvimos a los tiempos de la dictadura, no hay derechos en Jujuy. Tiene doble cara, dice una cosa y hace otra”.

Gabriela revuelve con una rama en una olla gigante el pollo con arroz primavera que pronto comerá su comunidad. Y dice: “Morales se hace el colla; tiene a mucha gente amenazada y cooptada con el compromiso de darle viviendas y dinero”. Al terminar, aconseja que hablemos con Doña Panchita, que está parada a unos metros, luciendo un sombrero rosa y una whipala en sus hombros. Tiene 66 años, una voz tenue y una potencia en sus palabras que refleja firmeza en las ideas: “Nos traicionó. Yo confié en él, lo voté, soy históricamente radical, pero ya perdimos la confianza. Necesitábamos que nos explicara los beneficios de la reforma y no lo hizo. No habló con su pueblo”.

Corte de San Roque

En Uquía ofrecen llevarnos en auto hasta la siguiente trinchera, con la generosa condición de que aceptemos dos bandejas de pollo con arroz. En el próximo destino, ya con las bandejas vacías, nos recibe Omar. Dice que está desvelado y con la convicción de “sostener hasta que se vaya Morales”. En una ronda que se arma espontánea, Alex Frites, docente de 28 años de la comunidad de Varas, sintetiza: “En una palabra, el gobernador es autoritario; jamás se apoyó en el diálogo, siempre hizo lo que quiso”. Luisa escucha y expresa su timidez con el silencio, que solo esquiva por un par de segundos y en pocas letras: “Solo quiero que bajen la reforma”. No necesita decir más que eso y vuelve a escuchar. 

Mientras Morales es enfocado por muchas cámaras porteñas a 1.630 kilómetros de los cortes de Humahuaca, sobre la ruta hay muchas infancias que juegan, corren, sienten y piensan. Y que tienen qué decir. Xiomara, de 13 años: “Que dé la cara Morales y se haga responsable de la sangre derramada”. Se contrapone con lo que sabe que había dicho Larreta sobre su ladero: “Es un tipo valiente que no duda en defender los derechos de los jujeños, hubo una muestra esta semana de su temple y de cómo quiere evitar siempre situaciones de violencia”. Jorgelina, con un poncho que la resguarda, no está de acuerdo: “Morales quiere ser dueño de Jujuy, y ahora querrá hacer lo mismo con la Argentina. Sólo piensa en su dinero”. 

Pegada a un muñeco de 2 metros y medio de alto que lleva una bandera con el lema “Abajo la reforma”, Verónica describe: “El gobernador siempre ha jugado sucio y esta no es la excepción; todo es una burla, una mentira. No le importamos, se ríe de los pobres, porque nos ve sucios, con zapatillas rotas”. 

Muestra sus borcegos raídos. Y sus lágrimas, mientras dice que no cesará el reclamo, porque eso sería “entregar la libertad”.

Corte de Iturbe

La solidaridad está latente en cada tramo del camino y Juan, un vecino de Humahuaca, nos lleva al siguiente reclamo colectivo donde cantan un clásico: “El pueblo, unido, jamás será vencido”, evidenciando lo mucho que hay en juego. En asamblea permanente, Severiano Lamas aclara: “Acá no hay referentes, no hay patrones, somos seres humanos de carne y hueso. Nadie está a cargo del corte”. Lo que expresa no es menor: en todo el camino, en cada corte, no veremos ni infiltrados “porteños” ni “bolivianos” ni “militantes de la Tupac Amaru” ni de “La Cámpora” ni de “la izquierda”, como se buscó clasificar en muchos medios porteños para ensanchar la grieta.

Añade Severiano: “Además, si hablamos de cargos, no podemos quedarnos solo en las personas que estamos acá, porque también está la arena, están las piedras”, cuenta despacio, mirando al piso, sabiendo que la naturaleza no es algo ajeno sino parte de un sistema de vida. “Somos hermanos y nuestra madre es la naturaleza, la que nos dice que no nos podemos rendir”. Y sentencia: “El gobernador se ha enfermado, por testarudo, por haberse endulzado con el dinero; no es un burro, porque el burro es más inteligente que nosotros. Dicen que nos dan planes, pero no recibimos dinero, porque no podríamos hacer escuela de eso; que nuestros hijos y nietos vean que recibimos dádivas va en contra del pensamiento indígena”. 

Hay nueve comunidades en este corte de Iturbe. Jacinta es de la comunidad Azul Pampa: “No tenemos agua ni para el ganado, ni para nuestros cultivos, ni para nosotros, por los calores extremos y por las grandes cantidades que se utilizan para el litio. Morales nos entregó por la plata, no tiene perdón”.

Corte de Abra Pampa

Esta vez nos queda únicamente la opción de viajar a dedo, porque estamos en el corte más inhóspito del camino. A los costados solo hay cerros. Delante y atrás, ruta. De la decena de vehículos que esperan pasar, solo uno va a Abra Pampa. Hugo y Graciela son de Neuquén. No tienen lugar, pero lo inventan. El camino está lleno de llamas y la Quebrada de Humahuaca les deja paso a la llanura y a cerros más minúsculos. La concentración en Abra Pampa, la ciudad cabecera del departamento de Cochinoca es enorme. Igual que la desconfianza. Piden identificación y no quieren revelar nombres propios. “¿Quién es Morales? El responsable de que todos los días recibamos amenazas de despidos, de descuentos en los sueldos, de inhabilitación por determinado tiempo para trabajar. Y hasta amenazas de muerte, por no aceptar la reforma”. 

Hay 25 comunidades originarias sosteniendo esta trinchera en la Puna, a más de 3.500 metros de altura. El frío se cuela por todos lados. Jamás habíamos sentido un frío así, que parece meterse en los huesos. No alcanzan un buzo, un pullover, una campera. Ni guantes. Ni bufanda. A la madrugada, será peor. Se duerme a la intemperie, en el piso, en colchones, sobre tarimas de madera, con fuegos alrededor que amainan un poco la helada insoportable que alcanza los 10º bajo cero, y que llega hasta los 27º bajo cero en las noches más crudas. ¿Por qué se resiste en estas condiciones? Habla una mujer con voz tranquila, segura, precisa: “Si nos vencen acá, perdemos todo; vendrán por nuestras tierras, por el agua, por la vida. No nos queda otra que aguantar. Es ganar o morir”.

Corte de Perico 

De vuelta en San Salvador y a no más de cuatro kilómetros del aeropuerto, la gente reclama no solo por la reforma, sino también porque varias familias están siendo desalojadas de la Finca El Pongo, en la localidad de Perico. Familias productoras de hortalizas y frutas desde hace décadas. “Morales es una persona que no tiene corazón de humildad, que no piensa en los demás, y menos si somos humildes”, dice una campesina que denuncia haber sido desalojada “porque ahora en esas tierras se está plantando cannabis para hacer aceite medicinal que se lo llevan a otro país; no es para beneficio del pueblo, sino de él y de una empresa de Canadá. En Jujuy, veas donde veas, está todo mal”. Denuncia otro campesino: “Por ahora nos sacaron 300 hectáreas y ya dijeron que van a agarrar 300 más. Ya echaron a 8 familias y vienen por más. Ahí también plantábamos caña de azúcar y hacíamos ganadería”. Pregunta en forma de adivinanza: “¿Saben quién maneja todo? El hijo de Morales. Ya hicieron hasta su propia pista de avión”. 

Gastón Morales es el presidente de la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado y su filiación no es un caso aislado en un gobierno jujeño en el que se calcula que Morales es el gobernador con más parientes colocados en puestos políticos del Estado. El número asciende al menos a 25 entre hermanos, hijos, sobrinos, cuñados, un tío y una ex esposa.

En el corte, otra campesina que también pide reserva de la identidad por miedo, asegura: “En la Finca vivimos alrededor de 300 familias de comunidades originarias, que somos preexistentes. No solo no nos consultaron en nada, como deben hacer según la Constitución, sino que vinieron con topadoras a arrasarnos”.

¿Quién cierra los ojos?

La represión sobre las comunidades no es una novedad en Jujuy. En marzo de 2021 Morales ejecutó una brutal represión en el barrio Campo Verde, de San Salvador, donde las y los vecinos buscaban resguardar el único espacio libre que les quedaba. Un año antes, en el inicio de la pandemia, echó a un grupo de inmigrantes obligándolos a subir a un micro hacia Buenos Aires. Un mes después anunció la puesta de fajas en las puertas de las casas de quienes contraían el coronavirus. Por el escándalo que ocasionó su idea debió dar marcha atrás. El 8 de marzo de este año reprimió frente a la Casa de Gobierno la movilización encabezada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy y familiares de víctimas de femicidios.

Jujuy sigue latiendo a innumerables pulsaciones. A horas de que esta revista entre a imprenta, los hechos relevantes se multiplican, la resistencia continúa y los métodos represivos también.

En la madrugada del 28 de junio la docente y actriz Camila Müller denuncia haber sido agredida físicamente por encapuchados que ingresaron a su domicilio: “No te hagas la revolucionaria, te tenemos junada”. El 30 de junio, el gobierno nacional hace una solicitud tan tardía como necesaria: le pide a la Corte Suprema de la Nación que declare inconstitucional la reforma impuesta por Morales. En la madrugada del 1º de julio el pueblo de Humahuaca toma la Municipalidad y logra, a regañadientes, que el Concejo Deliberante apruebe una declaración de rechazo a la reforma constitucional. El cuerpo de infantería reprime descarnadamente y uno de los balazos de goma le hace perder la vista del ojo derecho al joven Joel Paredes. Es la cuarta persona que pierde la visión en un ojo por un balazo: Mijael Lamas, en Purmamarca, el sábado 17; Ernesto Aguirre y Jorge Rodríguez, en San Salvador, el martes 20. 

Un graffiti que exige justicia recorre todo Jujuy: “Tus balas no fueron suficientes para cerrarnos los ojos”.

La iniciativa de la comunidad de Humahuaca sirve de ejemplo para el resto y en las horas siguientes se logran rechazos a la reforma por parte de los Concejos Deliberantes de La Quiaca, Abra Pampa, El Aguilar, Palpalá, El Molulo, Puesto del Marqués y Tres Cruces y se está exigiendo lo mismo en varias localidades más.

Desde el corte de Abra Pampa, un comunero originario amenazado cuenta: “Morales es como dice el dicho, un cuchillo de doble filo. Escribe con la mano lo que borra con el codo. Yo creo que el error de nosotros, del pueblo jujeño, fue darle al poder más poder. Eso no sirve. Yo creo que a cualquier gobierno hay que darle cuatro años. En el segundo mandato demostró tener el poder y llevarse todo por delante. Pero hay que hacer autocrítica: nosotros también somos responsables de lo que hoy estamos pasando”. De fondo, se escucha una canción que es de las más representativas: “Dicen que los del norte somos callados, pero cuando nos joden nos levantamos; libres o muertos; pero jamás esclavos”.

Con vistas a lo que viene, desde la Comunidad San Miguel de Colorado, de Salinas Grandes, una de las 400 comunidades originarias que están preparando una demanda jurídica para exigir la derogación de la reforma, le recuerdan a Morales, en un tono bajito, casi susurrando, algo que creen no tuvo en cuenta al analizar hasta dónde podría escalar el conflicto: “La lucha que damos está relacionada a nuestra cosmovisión, a nuestra madre tierra, al viento, al fuego, al sol, a la luna. Son parte nuestra y por eso esta defensa hasta el final; somos una espina para ellos por reclamar lo justo; una piedra en sus zapatos y lo seguiremos siendo. No dependemos de nadie, de ningún partido ni organización social. Estamos en la tierra para cumplir una función, que no es destruirla ni desmontarla. Uno puede tener un título o no, podés ser científico, geólogo, andar por los salones. Por eso quienes somos de pueblos originarios nunca usamos corbata: porque divide el pensamiento del sentimiento. Si nos pasa eso corre riesgo el futuro y no lo vamos a permitir. Porque la capacidad no está solo en la mente, también está en el corazón”.

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