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Paren de fumigar: lo que plantea la Defensoría del Pueblo ante los informes del INTA sobre contaminación en Lobos

Tras el informe del INTA-Balcarce que descubrió 22 plaguicidas en suelos y numerosas fuentes de agua en Lobos, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires exhortó al Municipio a que detenga la aplicación de agroquímicos. Los detalles de la presentación que hizo la Defensoría, en una entrevista que repasa la falta de controles, la falta de ordenanzas y estudios de impacto ambiental, el silencio de autoridades nacionales y provinciales, y los venenos que siguen contaminando en Lobos, como un caso testigo de lo que sucede en todo el país.

Vecinas y vecinos del partido de Lobos decidieron romper un statu quo que no entiende de grietas: realizaron un monitoreo ambiental y se organizaron comunitariamente para pagar un estudio analizado por el Laboratorio de Plaguicidas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce que, a fin de mayo, reveló la presencia y mezcla de 22 plaguicidas en redes y pozos de agua domiciliaria, plazas, suelos, napas subterráneas, escuelas rurales, espacios verdes del casco urbano y hasta en la lluvia. En definitiva, una contaminación de agroquímicos desde el cielo hasta la tierra, a espaldas de leyes provinciales y nacionales que resguardan la salud y el ambiente, pero no se cumplen.
Ante la inacción de la intendencia de Lobos, comandada por Jorge Etcheverry (Cambiemos), —en sintonía con el silencio del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Buenos Aires (Frente de Todos)—, el pasado 2 de agosto la Defensoría del Pueblo bonaerense exhortó al municipio “a la inmediata intervención a fin de detener dichas prácticas tomando las medidas que crea corresponder, hasta tanto la situación de fondo sea dilucidada con motivo de prevenir y detener el posible daño ambiental y a la salud ocasionado”. Y “ruega informar las medidas adoptadas a la presente solicitud dentro del plazo de cinco días dado el carácter urgente del pedido”.
Para profundizar sobre el tema, lavaca entrevistó a Gastón Arias, Secretario de Servicios Públicos y Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, uno de los encargados de impulsar el pedido al Municipio.
La Defensoría y la agroecología
—¿Qué pensaron al leer el informe del INTA Balcarce?
—Nos pareció sumamente grave que no sólo se hayan encontrado en el agua, en el aire y en el suelo muy altos componentes de agroquímicos, sino también que algunos aspectos superan 45 veces lo permitido. Por eso el Defensor del Pueblo (Guido Lorenzino) nos pidió que interviniéramos y solicitemos al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante de Lobos que detengan todo tipo de avances de agroquímicos y se conforme inmediatamente una mesa de trabajo para mitigar esta situación, protegiendo el ambiente y la salud de todos.
—¿Cuáles serían las medidas necesarias que reclama la Defensoría del Pueblo a la intendencia?
—Además de detener las aplicaciones, el municipio debe trabajar codo a codo con el Ministerio de Desarrollo Agrario para empezar a auditar y monitorear las recetas agronómicas que se expiden. Esto se asemeja a lo que a nivel judicial es una medida cautelar, porque lo peor es que se sigan permitiendo las aplicaciones cuando los estudios arrojaron números realmente muy alarmantes y escalofriantes.
—¿Qué le exigen al Concejo Deliberante?
—Que tomen en cuenta el aporte de la Defensoría y analicen los proyectos de ordenanzas de una manera integral, primero porque muchas veces se sancionan normas en contradicción con la normativa provincial; segundo porque no se piensa en la planificación, en el ordenamiento territorial; y tercero porque en muchos casos no se contempla otro tipo de prácticas como la agroecología, que nosotros la estamos proponiendo en todos los ámbitos porque creemos que hay que ir rumbo al reemplazo de los agroquímicos. Además, pedimos que se observen las aplicaciones aéreas y la manipulación de envases de agroquímicos, que en muchos casos no hay normativas y en otros no se cumplen.
Plaguicidas en agua y suelo
Los números registrados en el informe del INTA Balcarce hablan por sí solos: en el agua subterránea se detectaron 11 plaguicidas; en el agua superficial, 12; en los sedimentos de la Laguna de Lobos, 7; en la vegetación del casco urbano, 6; en los suelos, 5. En cuatro de las muestras de agua tomadas por la comunidad se superaron los valores admitidos por la Unión Europea y los plaguicidas fueron detectados incluso en el agua corriente que llega a la población.
—El reclamo de la Defensoría es que prohíban la aplicación de agroquímicos hasta que la situación de fondo sea solucionada. ¿A qué se refieren con “la situación de fondo”?
—Nosotros no estamos en contra de las aplicaciones de los productos autorizados, porque no podemos ir en contra de las normas que lo autorizan. Sí creemos que deben realizarse con mucho control, no solo de las autoridades provinciales sino también municipales.
—Anteriormente mencionaste estar a favor a una transición a la agroecología, ¿por qué no están en contra de usar agrotóxicos?
—No estamos en contra de los productos que se encuentran autorizados y existe el control, ya que todas las recetas agronómicas son aprobadas por la provincia de Buenos Aires, firmadas por profesionales que llevan adelante esas aplicaciones. Mientras se realicen en el marco de la normativa vigente no podemos estar en contra. Lo que sucede es que en muchos casos se viola ese tipo de aplicaciones.
—¿Escasean los controles?
—Esto se necesita profundizar en Buenos Aires. No alcanza con los provinciales, sino también deben estar los municipales y para esto es importante que haya ordenanzas municipales, muy serias y concretas.

Bidones libres de agrotóxicos
Tras conocerse los resultados del INTA Balcarce, un grupo de habitantes de Lobos presentó un recurso de amparo debido a la contaminación. Al respecto, el pasado 16 de julio la Justicia de La Plata dictaminó que «existe la imperiosa necesidad de una tutela judicial urgente de toda la población, en la medida en que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas menores de edad, y al mismo tiempo existe una demora de la Municipalidad en dar una solución definitiva a esta situación».
La resolución judicial ordena que la intendencia debe entregar bidones de agua potable «libre de agrotóxicos» en los establecimientos educativos, clubes, centros de salud y domicilios de los amparistas firmantes. La medida debería extenderse a toda la población lobense tras la intervención de la Defensoría del Pueblo. Arias, intendente de Brandsen entre 2011 y 2015 por el Frente para la Victoria, comentó sobre los pasos a seguir: “Instruimos a nuestro cuerpo de legales a que le solicite a la Justicia que nos incluya como parte del expediente para aportar urgente nuestra mirada. También le pedimos que intervenga al Ministerio de Desarrollo Agrario, a la Autoridad del Agua y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que deben monitorear esta situación. Necesitamos llevar adelante un trabajo sin pausas, serio y profesional. No debe quedar en palabras, sino trasladarse a hechos concretos”.
—Desde la Defensoría le piden al Municipio y al Concejo Deliberante de Lobos que frene el uso de agrotóxicos, cuando ocurre lo mismo en gran parte de Buenos Aires y del país. En Pergamino, por ejemplo, un fallo judicial determinó fumigar a no menos de 1095 metros de las zonas urbanas. ¿No creen que debería haber una política que englobe a toda la provincia y no a municipios por separado?
—Sí, coincidimos y hasta le hemos planteado en 2020 al Ministerio de Desarrollo Agrario un proyecto que actualice la legislación sobre la aplicación de agroquímicos. Estamos convencidos que hay que universalizar la normativa vigente, así como ampliar los controles y aunar criterios en la legislación de los Concejos Deliberantes. Hay un sinnúmero de ordenanzas que no tienen nada que ver unas con otras y por eso se debe avanzar en una reforma integral. Es fundamental que este tema de una vez por todas se tome como una política de Estado y tenemos muy buenas expectativas.
—En junio pasado venció el plazo para que el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) creado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, concluya sus estudios de impacto ambiental, social y sanitario, y aún la documentación recopilada no se hizo pública. ¿Por qué?
—La información se está tabulando, es muy serio el trabajo que está llevándose adelante. Cálculo que en los próximos dos o tres meses tendremos las conclusiones. Estoy convencido que a partir de ahí se van a disparar las próximas leyes que serán favorables a la protección del ambiente.
—El informe del INTA Balcarce se conoció en mayo, pero ya estamos en agosto y ningún funcionario del Ejecutivo provincial se pronunció al respecto. ¿A qué atribuís este silencio?
—A veces estos trabajos científicos, muy profesionales, no impactan al día siguiente de la publicación. Creo que en los últimos días se hizo realmente público y me parece que próximamente habrá expresiones en este sentido.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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