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Histórico: la empresa de agrotóxicos Atanor deberá pagar 150 millones para remediar la contaminación al Río Paraná

Publicada

hace 2 años

15/05/2023

La Cámara Primera de Apelación de San Nicolás fijó a la empresa Atanor, una de las
mayores productoras de agrotóxicos del país, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos, además de acreditar la contaminación en el ambiente que el Juzgado de Ejecución Penal había confirmado en una sentencia de amparo ambiental a principios de marzo. “Debe ser el primer fallo en la historia que impone una condena de indemnización sustitutiva por el daño causado al Río Paraná”, celebra el abogado Fabián Maggi, representante de los reclamos de los vecinos de los barrios Química y Ponce de León, que hace más de 10 años vienen denunciando las muertes por diversas enfermedades, entre ellas cáncer, en la comunidad, que apuntan a la contaminación de la empresa como el principal problema. Los argumentos de la Cámara sobre la afectación de suelo, aire y tierra, y del Río Paraná puntualmente, hablando del «nuevo paradigma ambiental»; las indemnizaciones escasas a los vecinos enfermos, la imputación a 6 directivos de la empresa, y el planteo de fondo que pretende llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Considerando la entidad de la afectación del daño que ha quedado probado y que resultara
sostenida durante varios años, pese a las medidas cautelares que se dicatorn, a los
apercibimientos de aplicar sanciones pecuniarias (astreintes y multas) para disuadirla y para
evitar el agravamiento en el recurso natural del Río Paraná que baña las costas de
importantes zonas urbanas, exhibiendo un obrar negligente por parte de una empresa que
tiene presencia en el mercado de los agroquímicos, estimo justo establecer la
indemnización sustitutiva en la suma de ciento cuenta millones de pesos ($150.000.000)”.

“Debe ser el primer fallo en la historia que impone una condena de indemnización sustitutiva
por el daño causado al Río Paraná”, celebra el abogado Fabián Maggi, representante de los
reclamos de los vecinos de los barrios Química y Ponce de León, que hace más de 10 años
vienen denunciando las muertes por diversas enfermedades, entre ellas cáncer, en la
comunidad, que apuntan a la contaminación de la empresa como el principal problema.
“Este fallo viene a consolidar la decisión de la jueza de primera instancia que había
determinado la ilegalidad del funcionamiento de Atanor, el vuelco contaminado con atrazina
al Paraná, la afectación de este curso de agua y la biodiversidad”, explica Maggi. “La jueza
también dijo que estaba contaminado el suelo de la planta y los alrededores. Si bien era
satisfactorio, había quedado una porción de nuestro reclamo sin resolver, por lo que
habíamos apelado. Este fallo de la Cámara hizo lugar a nuestra pretensión recursiva”.

“Daño irreversible”

A través de los votos de los jueces Fernando Kozicki y José Tivano, y la jueza Amalia Fernández Balbis, la Cámara hizo un repaso de la sentencia de la jueza de primera instancia, Luciana Bancalari, y de las apelaciones tanto de los vecinos como de la empresa. En primer lugar, los jueces rechazan todos los argumentos planteados por Atanor. Los directivos se habían quejado que la jueza Bancalari describió la “ilegalidad manifiesta” en la que funcionaba la empresa por la falta de permisos provinciales para la actividad, pero los jueces fueron tajantes respecto del reclamo: “Tal aserción exhibe un claro desentendimiento de lo sucedido en el decurso de estas actuaciones, en el que se han dispuesto innumerables medidas en pos de regularizar desde el estado embrionario del proceso, una actividad de sumo riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población. Basta marcar la ausencia de permiso de vuelco de efluentes líquidos, como de certificado de aptitud ambiental vigente”, precisaron los magistrados.

Luego, se detuvieron puntualmente en cada recurso afectado: aire, suelo y agua.

● Sobre el aire, evaluaron que la jueza no encontró “debidamente probado” el daño a través de las emisiones gaseosas, “aunque consideró demostrado el riesgo que su presencia significa en pleno radio urbano si no se realizan los controles con la asiduidad y rigurosidad necesarias”. En ese sentido, la Cámara destacó el testimonio de la genetista Delia Aiassa “pues relaciona la importancia del estudio del suelo para inferir la contaminación del aire y la proyección dañosa genética en animales y células humanas expuestas al glifosato, cipermetrina y trifluralina, destacando la experiencia en poblaciones humanas expuestas a través del aire fundamentalmente, a estas sustancias tóxicas por las cercanías de su hábitat a lugares donde se pulveriza”.

● Sobre el suelo, consideraron probados los niveles de trifluralina que excedían los
valores permitidos y la detección de plaguicidas en muestras de agua y suelo, entre
ellos diversos componentes de Atrazina, un herbicida prohibido en la Unión Europea
desde 2013. En este punto, los jueces destacaron el “rigor técnico elevado” y el
“prestigio científico” del equipo del Centro de Investigaciones Medioambientales de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Conicet, a cargo de Damián Marino,
cuyas investigaciones habían sido objetadas por la empresa: “No se advierte la
incompetencia técnica que se le imputa al experto y el resultado de la pericia (por
tratarse de una materia eminentemente técnica) se yergue esencial para dirimir el
pleito”.

● Sobre el agua, la Cámara precisó que los resultados periciales “han dado muestras de efluentes contaminados en niveles que permiten claramente sospechar el impacto sobre la biota acuática” y, por ende, consideraron “que demanda una urgente modificación en pos de salvaguardar los intereses ambientales en juego”. Luego, consideran la apelación de los vecinos respecto de que la jueza no había ordenado una indemnización sustitutiva del daño ambiental por la afectación del curso de agua y la biota del Río Paraná. Entre sus argumentaciones, la Cámara destaca:

● “No ha de soslayarse aquí, el nuevo paradigma ambiental, que deja de lado la consideración de externalidades negativas que debía soportar la sociedad para subsidiar el desarrollo económico y que implicaba que las empresas que contaminaran no tomaran en cuenta esos costos transferidos a otras personas o a la comunidad en su conjunto, para ser sustituido por la internalización de los mismos, lo que lleva a que la sociedad ya no quiera soportarlos y obligue a las empresas a transformar los mecanismos de producción de bienes, a incorporar nuevas tecnologías limpias cuyo costo deben soportar y a abonar indemnización por los daños ambientales producidos”.

● “En el particular caso, como hemos dicho ya, ha quedado debidamente acreditado que Atanor es una empresa clasificada como industria de Tercera Categoría (art. 15, inc. c, ley 11.459) en las que se incluye a aquellos establecimientos cuyo funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente. De igual modo, que dicha planta vierte efluentes líquidos al río Paraná conformados por desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río donde se vuelcan y afectan la biota acuática. Asimismo, que la presencia de Atrazina (y metabolitos) en las muestras tomadas en la planta industrial exhiben valores superiores a los permitidos para la protección de dicha biota y que el tratamiento que realiza Atanor sobre sus efluentes líquidos no es adecuado para la eliminación de los compuestos encontrados”.

Por este motivo, la Cámara separó el reclamo por la restauración ambiental de la reparación
económica.

Sobre la restauración: “No es viable fijar una restauración por lo complejidad de la
afectación, características y la naturaleza del bien receptor de los efluentes contaminantes
(río Paraná) cuyas aguas y sedimentos fluyen río abajo proyectando sus implicancias en
lugares y sectores de difícil determinación y mensuración de la lesión pretérita del
ecosistema, por lo que es mi convencimiento que nos hallamos ante una situación de daño
irreparable o irreversible que debe ser indemnizable en base a criterios de prudencia y
razonabilidad (art. 28, 2da. parte, Ley 25.675), más aún cuando se trata de un daño de un
bien no monetizable como lo es el ambiente y ante la ausencia de normativa que oriente, dé
metodología y criterios valorativos indemnizatorios”.

Sobre la reparación: “Se impone entonces la necesidad de establecer en términos económicos una reparación justa, equitativa y proporcionada a la afectación del menoscabo del patrimonio natural, debiendo ponderarse también la conducta de la demandada en los términos del primer párrafo del artículo 1725 del Cód. Civ. y Com. (“Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”), los recursos involucrados que se vieron lesionados (agua) y seres vivos (biota), y el período de tiempo en el que se desarrolló la actividad contaminante”.

En ese sentido, la Cámara fijó la suma de 150 millones de pesos para que se destinen
“acciones de preservación y prevención vinculadas al cauce del Río Paraná y su biota”.

Imputan a 6 directivos de Atanor por contaminación al Río Paraná y llaman a indagatoria a funcionarios por la falta de control

Por la condena internacional

Los vecinos celebraron el fallo. “La indemnización por daño sustitutivo ambiental es una herramienta jurídica cuyo objeto es darle un valor económico al daño”, explica Maggi. “Tiene
la difícil tarea y la dudosa eficacia de darle valor a aquella porción del ambiente que no puede ser objeto de reparación del daño causado. Hay muchos daños que no pueden ser remediados, que son irreversibles y no tienen solución. La Cámara consideró que Atanor había causado un daño irreversible al Río Paraná y su biodiversidad, y por eso decidió condenarlo al pago de un monto de 150 millones, que si bien para cualquier ciudadano es abultada, para este tipo de empresas no lo es. Si bien estamos satisfechos, consideramos que la indemnización en términos monetarios es baja”. Maggi subraya que con este tema vuelve la discusión sobre si el pago es una solución aceptable: “Entendemos que no, y si bien la reclamamos porque es parte de la normativa vigente en términos ambientales, creemos que pagando no se soluciona. Por eso recurrimos al derecho penal”.

El fiscal federal Matías Di Lello imputó a seis directivos de la empresa de agroquímicos Atanor por haber contaminado al menos hasta el 16 de julio de 2020 el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, a través del «esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos», y pidió el llamado a declaración indagatoria. También citó cinco directores ejecutivos del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) y tres presidentes de
la Autoridad del Agua (ADA). Maggi: “Lo que buscamos es que sean condenados a penas
de prisión por delito de atentado a la salud pública, infracción de ley de residuos peligrosos
agravado por el resultado muerte de personas. Ese elevado índice de fallecimiento por
cáncer es lo que encendió la alerta de que algo allí pasaba”.

El abogado también menciona la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estamos contentos con la sentencia, pero no hay que olvidarse que este fallo se reclamo hace más de 8 años, lo cual es una violación a la garantía de protección judicial en plazo razonable. Seguiremos también por una condena de la CIDH al Estado nacional”.

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Cien

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hace 1 día

29/04/2025

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

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hace 4 días

27/04/2025

Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.

Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.

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Imágenes de la marcha a Plaza de Mayo: los jubilados siguen haciendo lío

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hace 7 días

24/04/2025

Jubilados y jubiladas se movilizaron desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en una nueva jornada de reclamos y denuncia por los ingresos de pobreza que perciben y el fin de la moratoria previsional, cuya prórroga sigue durmiendo en Diputados. Como siempre, los carteles manuscritos fueron una forma de expresión y creatividad. En uno se leía: «Francisco está feliz. Jubilados haciendo lío!!!»

La marcha comenzó nuevamente con un operativo desproporcionado con las cuatro fuerzas federales -PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA- que reprimió la protesta pacífica: la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó una persona detenida y 13 heridos por efectos de los gases lacrimógenos, entre ellos jubilados y trabajadores de prensa.

Frente a la Rosada, realizaron un acto donde distintas agrupaciones de jubilados se manifestaron contra el acuerdo con el FMI y cantaron por la salud de Pablo Grillo.

«Hasta el próximo miércoles», saludaron los jubilados y jubiladas.

La próxima semana, la marcha contará con la participación de los gremios de la CGT como previa al Día del Trabajador y la Trabajadora del 1 de mayo.